Tomás Lukin
En el G-20 algunos líderes plantearon la posibilidad de un impuesto al movimiento de capitales. Sin mucha voluntad política, indicaron que el FMI sería el encargado de cobrar ese tributo. Más firme, Joseph Stiglitz reclamó la fijación de ese impuesto.
La aparente estabilización del descalabro global que difunde el Fondo Monetario consiguió postergar las reformas estructurales de la arquitectura financiera a las que se habían comprometido los miembros del G-20. Así, las propuestas de cambio quedaron reducidas a una materia de estudio, como la creación de un impuesto a las transacciones financieras global.
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